Carolina Serrata Méndez, Directora General de la DIDA y Darío Castillo, Ministro del MAP, firmaron acuerdo para implementar programas educativos a servidores públicos sobre Seguridad Social

Viernes, 26 Febrero 2021

SANTO DOMINGO.- Carolina Serrata Méndez, titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y el ministro de Administración Pública (MAP), Tomás Darío Castillo, firmaron un trascendental acuerdo de colaboración mediante el cual serán actualizados y aplicados los procesos relacionados con los mandatos y las disposiciones de la Ley 87-01 de seguridad social en lo atinente a los servidores públicos.

El acuerdo entre Carolina Serrata Méndez y Tomás Darío Castillo Lugo, en representación de las instituciones bajo su dirección, fue firmado en un acto efectuado en la sede del MAP en presencia de funcionarios de las dos entidades.

Este convenio procura que las instituciones públicas cumplan y apliquen las disposiciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) para suministrar a los trabajadores y empleados públicos los beneficios y las prestaciones que tienen derecho a recibir de los seguros creados por la Ley 87-01 para hacer efectiva su protección en salud, pensión y riesgos laborales desde el año 2001.

La directora de la DIDA manifestó que tras asumir sus funciones indicó que el sector público pese a que es el mayor empleador, el acceso de los empleados a los beneficios y las prestaciones del Sistema es ínfimo en comparación con el sector privado, porque las entidades manejan internamente una serie de cuestiones laborales previstas y reguladas por la ley en beneficio del trabajador y del Estado.

El convenio debe permitir que los departamentos de Recursos Humanos de las instituciones gubernamentales sean capacitados en el conocimiento de la Ley 87-01 e incorporen a la gestión seguir los procedimientos estipulados para la dispensación a los empleados los beneficios del Sistema y al mismo tiempo se contribuye a eficienciar los recursos estatales y una justa relación del Estado con la población.