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La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) respaldó al Ministerio de Salud, entidad que desvinculó a médicos y personal del sistema, quienes figuraban en varias nóminas, sin justificar sus salarios.

El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró como positiva esta medida, destacando que se trata de un paso necesario para garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos y la eficiencia del sistema de salud.

“No podemos permitir que existan profesionales cobrando sin cumplir con sus responsabilidades, mientras muchos ciudadanos esperan atención en los centros de salud”, afirmó Báez.

El funcionario reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los afiliados al sistema de seguridad social.

Sobre el comunicado

Según el comunicado emitido por el Ministro de Salud Pública, la institución realizó un levantamiento "que evidenció que parte del personal no estaba asistiendo a sus puestos de trabajo asignados por tal motivo, se tomó la decisión de prescindir de estos contratos".

"La Contraloría General de la República notificó casos de duplicidad de nómina, lo cual está prohibido por la Ley 41-08 sobre función pública, en su artículo 80, inciso 5; en consecuencia, se procedió con la exclusión de aquellos profesionales que figuraban en más de una nómina del Estado, dejándolos solamente en una, como indica la ley.
También detalla el. Comunicado que "de igual manera, se han desvinculado médicos que han cometido faltas de tercer grado establecida en la Ley de función pública en el ejercicio de sus funciones", cita el referido comunicado.

Santo Domingo. – El titular de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez respaldó a la decisión del Gobierno de regular y establecer cobros a las ciudadanas haitianas embarazadas que acuden a dar a luz en hospitales públicos de la República Dominicana.

El funcionario indicó que una alta proporción de los recursos destinados a partos y atenciones médicas la consumen las extranjeras, lo que representa una carga para el presupuesto nacional y una disminución de la calidad y rapidez de los servicios a las mujeres dominicanas.

“Como órgano defensor de los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social entendemos que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, pero también tiene el compromiso de priorizar los recursos de la seguridad social y la red hospitalaria pública en favor de los nacionales que sí aportan y pertenecen formalmente al sistema”, expresó el incumbente.

Asimismo, Báez explicó que el gasto que se realiza en parturientas extranjeras no afiliadas al sistema representa una pérdida que afecta directamente a las dominicanas, quienes muchas veces enfrentan largas esperas y limitaciones en la atención por la saturación de los centros de salud.

La medida del Gobierno contempla establecer un sistema de cobros a las extranjeras que no estén afiliadas al Seguro Familiar de Salud y que no coticen en el al sistema público.

La DIDA reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los afiliados dominicanos y con la transparencia y sostenibilidad del sistema de salud pública.

Santo Domingo.- El titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, y el rector de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), reverendo padre José Luis De La Cruz, firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional que permitirá la formación en materia de Seguridad Social.

El convenio tiene como objetivo, a través de diplomados, de intercambiar experiencias, fortalecer sus relaciones y capacidades institucionales para la coordinación y
ejecución conjunta de programas, proyectos y actividades tendentes a desarrollar la formación integral, educación continua y actualización de sus participantes, egresados y colaboradores, este plan de educación debe estar articulado con todas las instituciones de la Seguridad Social

Durante la firma, el director de la DIDA, Elías Báez, destacó que este acuerdo “representa mucho más que una formalidad entre instituciones; es una declaración de compromiso con el derecho fundamental a la educación en seguridad social, consagrado en el artículo 6 de la Ley 87-01, esta norma establece claramente que toda persona debe tener acceso a la información necesaria para conocer, ejercer y defender sus derechos dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social y la vía más efectiva para garantizar es la educación”.

Báez resaltó que “desde la DIDA estamos impulsando una oferta formativa robusta, respaldada por nuestra Escuela de la Seguridad Social, este pacto se integra a esa visión estratégica y nos permite ampliar el alcance de nuestras acciones educativas, desarrollando programas conjuntos para formar a ciudadanos, servidores públicos, estudiantes y profesionales en temas clave como salud, pensiones y riesgos laborales”.

Por su parte, el reverendo padre, doctor José Luis de la Cruz, rector UCSD, expresó su alegría con la firma del acuerdo. “Me alegro que podamos forjar este convenio y creo que todo ha fluido muy rápido a nivel de diplomado, es un privilegio que podamos desarrollar estas acciones en conjunto”, afirmó el sacerdote.

Mientras que la directora de Postgrado y Educación Continuada de la UCSD, doctora Celsa Albert Batista, destacó la importancia de la implementación del “Diplomado Facilitadores en Seguridad Social” para la DIDA. "Es un honor iniciar nuestra relación con este programa educativo, que tiene la responsabilidad de formar los facilitadores para llevar el mensaje necesario”, dijo la académica.

Asimismo, la directora de Promoción y Capacitación de la DIDA, Julissa Magallanes, indicó que, la DIDA es el sensor que tiene el compromiso de orientar y defender a los afiliados en materia de seguridad social.
“Tener aliados como la UCSD es un compromiso social y nosotros entendemos la importancia que nos brindan al firmar este convenio”, apuntó Magallanes.

Entre los compromisos asumidos por ambas partes se destacan:

El desarrollo conjunto de programas académicos de grado, postgrado y formación continua, así como investigación y en el marco de la extensión, responsabilidad social, y otras actividades que contribuyan al fomento y desarrollo de las
relaciones de cooperación.

Así también promover intercambios y socializaciones sobre temas de interés común, en procura de armonizar y alinear esfuerzos en el ámbito académico.

Desarrollar propuestas de investigación conjunta relacionadas a temas de interés común.

En ese orden también poder brindar colaboración mutua en la realización de actividades curriculares y extracurriculares en la universidad como apoyo a la formación académica, tales como: estudios de postgrado, jornadas científicas, actividades sociales comunitarias, ferias, charlas, congresos, conferencias, diplomados, cursos y talleres.

Para colaboradores de la DIDA
Para las ofertas académica de Grado y Postgrado de la UCSD, aplicará un descuento de un diez por ciento (10%) sobre el crédito o costo total del cuatrimestre, quedando exentos los costos por
el derecho de admisión y servicios estudiantiles, tesis y graduación para hijos de colaboradores de la DIDA, describe el acuerdo.

La UCSD brindará acceso al Centro de Rehabilitación y Centro de Psicología Familiar con un descuento de un veinte por ciento (15%).

La implementación de este acuerdo será guiada por un programa conjunto que establecerá los recursos y acciones necesarias. Asimismo, ambas entidades realizarán balances periódicos de los avances y elaborarán informes que serán presentados ante las instancias correspondientes.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro (4) años a partir de su firma, renovándose automáticamente salvo que una de las partes solicite su terminación por escrito.

El convenio se firma en cumplimiento al rol de la DIDA de orientar e informar en materia de Seguridad Social.

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el párrafo I del artículo 6 de la Ley núm. 379-81, que regula el régimen de pensiones del Estado dominicano.

Mediante esta acción, la DIDA procura que se reconozca el derecho a pensión de los familiares directos de pensionados y jubilados del Estado que han fallecido, pero a quienes se les ha negado dicho beneficio en virtud de lo dispuesto en el referido párrafo.

El párrafo impugnado establece que: “el Jubilado y Pensionado Civil del Estado podrán autorizar el descuento del dos por ciento (2%) del monto de su pensión, para que a la hora de su muerte, los beneficiarios indicados en la parte capital de este artículo, que le sobrevivan, reciban el valor de la pensión”.

Cabe destacar que muchos familiares no han logrado acceder a este beneficio porque el fallecido no autorizó que descuenten el dos por ciento, establecido en la normativa legal.

La DIDA considera que esta disposición impone una condición inconstitucional que excluye a familiares con legítimo derecho a recibir la pensión de sobrevivencia, al supeditar dicho derecho a una autorización previa de descuento que no siempre se realiza en vida del pensionado.

En ese sentido, la institución solicita al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional el referido párrafo y ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado el reconocimiento y otorgamiento del beneficio a los familiares que, al momento de emitirse la sentencia, no hayan podido acceder a su pensión por esta causa.

Con esta acción, la DIDA reafirma su compromiso como entidad garante de los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y de todos los ciudadanos, cuyos derechos fundamentales se vean vulnerados por disposiciones legales injustas o discriminatorias.

Santo Domingo, 23 de abril de 2025.  El Gobierno del presidente Luis Abinader otorgó 7,925 pensiones solidarias del Régimen Subsidiado del Sistema Dominicano de Seguridad Social, como parte de su compromiso con la protección social de los sectores más vulnerables. Estas pensiones fueron autorizadas mediante los decretos núm. 132-25, 148-25 y 164-25, y coordinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

De las pensiones otorgadas, el 90.85 % corresponde a casos por vejez, mientras que el restante se distribuyó para cumplir las cuotas pendientes de personas con discapacidad y madres solteras, destacando que el 53.31 % de los beneficiarios son mujeres, tomando en cuenta las propuestas realizadas por el Ministerio de la Mujer y CONADIS,  reflejando el enfoque de equidad de género que guía las políticas públicas del presidente Abinader.

Entre agosto de 2020 y diciembre de 2024, primer cuatrienio de Abinader, se entregaron un total de 59,703 pensiones solidarias, como parte de las políticas de inclusión y protección social del Gobierno. La cifra de este 2025 resalta aún más al considerar que en tan solo los primeros cuatro meses del año ya se han otorgado 7,925 nuevas pensiones, evidenciando un ritmo acelerado en la ampliación de cobertura a favor de los sectores más vulnerables.

Esta medida promueve la protección integral de personas adultas mayores, personas con discapacidad y madres solteras, garantizando su derecho a una vida digna mediante el acceso a la seguridad social. Cada beneficiario recibirá mensualmente un monto equivalente al 60 % del salario mínimo del sector público, depositado directamente en cuentas habilitadas para tal fin.

Los beneficiarios fueron seleccionados en todas las provincias del país por una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la DGJP, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y el CNSS, siguiendo criterios de vulnerabilidad, edad y condición médica.

El otorgamiento se fundamenta en la Ley 87-01, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad y forma parte del Plan de Gobierno 2024-2028, cuyo eje central es la mejora en las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos.

Además, se apoya en resoluciones del CNSS como las núm. 484-01, 518-01, 537-11, 569-04 y 581-02, aprobadas entre 2019 y 2023, que permiten procedimientos simplificados para acelerar la entrega de estas ayudas.

El pago de estas pensiones, autorizadas por el Poder Ejecutivo, se realizará a través del fondo “Pensiones Solidarias”, gestionado por la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda.

Santo Domingo. – La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó que ha solicitado sanción ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) por la presunta negación de atención médica en situación de emergencia a los afiliados Franklin Rodriguez y Luís Graveley ocurridos en la clínica Abel González, sucursal Lincoln, en el Distrito Nacional.

Los afiliados presentaron denuncias por separado ante la DIDA, alegando que no les fue brindada la asistencia médica requerida al momento de acudir en condiciones críticas al referido centro de salud.

La DIDA actúa a solicitud de ambos afiliados, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley núm. 13-20, que modifica el artículo 29 de la Ley núm. 87-01, el cual otorga a esta Dirección la atribución de tramitar denuncias, quejas y reclamaciones, así como de brindar acompañamiento legal a los afiliados y beneficiarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

La institución ha trabajado de la mano con la SISALRIL que, en su calidad de órgano supervisor del Seguro Familiar de Salud (SFS), realiza las investigaciones correspondientes y, de comprobarse faltas, aplica las sanciones que establecen la Ley núm. 87-01, su modificación mediante la Ley núm. 13-20, y el Reglamento de Infracciones y Sanciones al SFS.

Las denuncias

Según lo declarado por Franklin Rodríguez, luego de ser rescatado del derrumbe de la discoteca Jet Set fue trasladado en silla de ruedas a la clínica Abel González. En el área de emergencias, le fue solicitado llenar un formulario extenso con más de 30 preguntas. Al indicar que contaba con cobertura del Seguro Nacional de Salud (SENASA), le informaron que dicho seguro no era aceptado y no le fue brindada atención médica.

En un caso separado, Luis Graveley relató que también acudió al mismo centro con heridas y sangrado, y que él y su acompañante fueron rechazados en el área de emergencias, lo que los obligó a trasladarse a otro centro asistencial para recibir atención.

Rol Institucional

La institución tiene la facultad dada por la ley de acompañar al afiliado hasta la última instancia.

La DIDA reitera su compromiso de continuar defendiendo activamente los derechos de los afiliados al SDSS, especialmente en lo relativo al acceso oportuno, digno y sin discriminación a los servicios de salud, utilizando todos los mecanismos legales e institucionales disponibles.

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), desarrolló un operativo informativo durante el asueto de Semana Santa 2025, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre sus derechos como afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), reafirmando el  compromiso institucional de orientar y defender a los afiliados.

El operativo se centró en brindar información precisa sobre los derechos en materia de salud, pensiones y riesgos laborales a quienes se desplazaban a lugares de asueto.

En ese sentido, el director general de la DIDA, Elías Báez, expresó que: “nuestra prioridad es que la población conozca sus derechos y sepa que no está sola ante cualquier situación que se le presente en el ámbito de la Seguridad Social".

Y agregó que: "a través de nuestro programa DIDA 24 Horas Contigo la ciudadanía puede recibir orientación y defensa a través del número 809-472-1900, disponible las 24 horas del día"

Asimismo, el funcionario enfatizó que en caso de una emergencia de salud: Toda persona tiene derecho a recibir atención médica en cualquier centro, sin ser rechazada, ni referida sin una evaluación previa, es decir, sin sufrir “rebotes”.

A los afiliados del Seguro Familiar de Salud no se les puede exigir pagos, depósitos, ni anticipos para acceder a servicios de emergencia, hospitalización o atención de alto costo, conforme a la normativa vigente del SDSS.

Como parte del operativo, se distribuyó material educativo y botiquines básicos en los peajes de las autopistas Las Américas, Duarte, 6 de Noviembre, y  la Autovía del Nordeste, además de paradas de autobuses ubicadas en las avenidas 27 de Febrero y  Duarte. 

La DIDA, colocó en materiales impreso los contactos de los organismos de socorro y protección civil, que coordinan el operativo de Semana Santa , encabezado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La DIDA reitera su compromiso de trabajar los 365 días del año en favor de los afiliados, garantizando el acceso a una seguridad social digna, inclusiva y accesible para todos.

 

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), informa a la ciudadanía que su línea de asistencia telefónica 24 horas, continuará operando de manera habitual durante el asueto de Semana Santa.

Con el objetivo de orientar, informar y defender los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social(SDSS), el Call Center permanecerá dando asistencia las 24 horas del día, a través del 809-472-1900.

Por otro lado, se informa que las áreas administrativas estarán laborando hasta el miércoles 16 de abril a las  4:00 pm, y retomarán su horario habitual el lunes 21 de abril.

En la DIDA reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a la ciudadanía durante esta Semana Santa y en todo momento.

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), junto a las Superintendencias de Seguros y de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), además del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor),

instalaron una mesa técnica de trabajo para coordinar acciones interinstitucionales a fin de proteger los derechos de los afiliados, usuarios de pólizas privadas y planes complementarios de salud, así como protocolos de atención e instrumentos legales.

Al referirse a la mesa de trabajo, el director general de DIDA, Elías Báez, expresó la satisfacción que siente al ver a los organismos que tiene que ver con el sistema de protección de salud y los derechos que hay que salvaguardar de los afiliados reunidos hoy, "en solitario nada se puede hacer, mientras que si unimos esfuerzos las cosas saldrán mejor. Los acuerdos que hemos realizado con estas instituciones nos han ayudado mucho y el que también haremos con la Superintendencia de Seguros en beneficio de todos".

Mientras que el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, reafirmó la importancia de mejorar la articulación interinstitucional para así fortalecer la supervisión y garantizar una mayor equidad y transparencia en el sector asegurador y de salud.

“En nuestra calidad de entes reguladores, entendemos la trascendencia de cualquier esfuerzo que nos conduzca a una visión más amplia e integral, para que los pasos que demos, los demos juntos, en función de maximizar el bienestar colectivo de la población”, afirmó.

En tanto que, el director de Proconsumidor, Eddy Alcántara ponderó las acciones emprendidas por estas instituciones.

“Estamos conscientes de que la relación entre un usuario del seguro y una agencia de afiliación como son las prestadoras de servicios de salud es una relación contractual entre el eslabón más débil de la cadena de comercialización que es ser consumidor. Los aspectos de adhesión y protección de los derechos del consumidor hay que registrarlo”.

Por su lado, Jefry Lizardo en representación del superintendente de la Sisalril, Miguel Ceara Hatton, felicitó la iniciativa de la implementación de la mesa, al tiempo que resaltó el acuerdo firmado con la Superintendencia de Seguros para ejecutar acciones y lograr la interoperabilidad entre ambas instituciones en favor de los afiliados al Seguro Familiar de Salud, entre otros aspectos, además afirmó que continuarán abordando los temas tratados, como son la negación de los servicios continuo en la cobertura, la implementación en el gasto de bolsillos así como los problemas identificados por la institución.

En ese orden esa mesa analizará el aumento excesivo de las tarifas, la falta de continuidad entre pólizas privadas y el Plan Básico de Salud, los carnets incompletos o con información no claras y la aplicación injusta de períodos de carencia para lo relativo a servicios de alto costo.

Además, la revisión de las competencias institucionales y coordinación de funciones mediante la articulación de las funciones de cada una de las instituciones presentes, así como la articulación del rol de la DIDA con las demás entidades.

Definir cuales pólizas supervisa la Superintendencia de Seguros y cuales la Sisalril, además del alcance de Proconsumidor respecto a la publicidad engañosa y los contratos de adhesión.

Asimismo, el rol de cada institución en la atención a quejas y los conflictos que puedan presentarse, la revisión y articulación del marco legal vigente.

La mesa de trabajo se conformó de manera permanente y se estableció una agenda de actividades y reuniones frecuentes, la que deberá revisar constantemente las cláusulas contractuales abusivas. Esta mesa también definirá los protocolos a implementar en cada uno de los casos.

Otro aspecto socializado fue la regulación de los planes complementarios y alternativos para los cuales se crearán normas específicas y la revisión y mejora de las coberturas tecnológicas y abordajes quirúrgicos.

Las partes también acordaron definir un proceso de revisión periódica de los planes complementarios.

Otro tema de suma importancia abordado fue la continuidad y las responsabilidades que comparte el sistema con las empresas prestadoras.

Aquí se acordó instruir a las ARS para que garanticen la cobertura del Plan Básico de Salud una vez se agote el plan privado.

Esta mesa también conversó sobre el manejo de las hospitalizaciones cubiertas parcialmente por distintos planes y el reconocimiento por antigüedad en cambios de pólizas internas.

Al final del encuentro se establecieron tareas para cada institución y las fechas de próximos encuentros y seguimiento a cada uno de los trabajos de las partes.

El Ministro de Administración Pública, Sigmund Freund Mena, y el director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, firmaron la Circular No. 004477 que instruye a las oficinas de Recursos Humanos de todas las instituciones públicas a coordinar con la DIDA las orientaciones a los servidores del Estado sobre sus derechos y beneficios en materia de seguridad social.

“Las áreas de Recursos Humanos de las instituciones públicas deberán coordinar con la DIDA para recibir las orientaciones necesarias sobre los beneficios del Sistema Dominicano de Seguridad Social y puedan acceder de manera oportuna a los derechos contemplados en la ley”. Dijo Freund en el acto de firma de la circular conjunta.

Asimismo, las entidades deberán gestionar la capacitación de su personal a través de los canales oficiales de la DIDA, asegurando una formación clara y efectiva sobre sus derechos y opciones en materia de seguridad social.

De su parte Elías Báez manifestó que: “Esta medida impactará a más de 565 mil empleados públicos cotizantes al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y sus familias, garantizando que no se le vulneren sus derechos en salud, pensiones y riesgos laborales”.

Báez enfatizó que, en materia de salud, la circular busca empoderar a los servidores públicos para que conozcan y ejerzan sus derechos, a través del programa ¡Ya no estás solo: DIDA 24 horas contigo! evitando cobros indebidos, exigencias de depósitos o anticipos en casos de emergencia, hospitalización, cirugías y atenciones de alto costo, así como pagos excesivos por diferencias no contempladas y la retención indebida de pacientes o cadáveres en centros de salud. Con esta medida, se garantiza una atención médica oportuna y de calidad, conforme a lo establecido en el Seguro Familiar de Salud del SDSS.

En materia de pensiones, se establece el compromiso de velar por el reconocimiento de los derechos adquiridos de aquellos empleados públicos que actualmente cotizan en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y que califican, según lo dispuesto en la Ley No. 379-81, para retornar al Sistema de Reparto Estatal. Esto les permitirá acceder a una pensión garantizada por el Estado dominicano.

Con esta iniciativa, el MAP y la DIDA refuerzan su compromiso con la protección social de los servidores públicos, asegurando que cada trabajador conozca y ejerza plenamente sus derechos dentro del sistema de seguridad social del país.

Sobre el proceso de solicitud de traspaso de una AFP al Sistema de Reparto Estatal

Para poder acceder al traspaso de una Cuenta de Capitalización Individual (CCI) al Sistema de Reparto Estatal, los servidores públicos deberán contar con al menos 20 años de labor y haber alcanzado una edad mínima de 60 años o 35 años en la administración pública sin importar la edad y haber estado afiliado al Sistema de Reparto gestionado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) previo al inicio del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), implementado el 1 de junio de 2003.

Los interesados deben presentar una solicitud voluntaria de traspaso de CCI (Administradora de Fondos de Pensiones) a Reparto a través de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), entidad que se encargará de canalizar el caso ante los organismos competentes.

La evaluación de las solicitudes está a cargo de una comisión interinstitucional conformada por la DIDA, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP). Esta comisión verifica el cumplimiento de los requisitos y determina la procedencia del traspaso de acuerdo a lo establecido en las resoluciones 572-07 y 579-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

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